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¿Pueden las secuelas del Covid-19 ser causa de incapacidad permanente?

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno al comienzo de la crisis sanitaria por el Covid-19 fue la de considerar, de forma excepcional, el contagio y el aislamiento preventivo de los trabajadores como un accidente laboral, así se podía luchar contra los contagios manteniendo la protección social de los trabajadores.

Hoy, en plena fase de desescalada y con el número de contagios reducido, parece que este tipo de cobertura no está tan clara, si lo que solicita el empleado es una incapacidad permanente debido a las secuelas que le ha dejado el virus.

Muchos son los que creen que es posible obtener una pensión por invalidez si las lesiones derivadas de la enfermedad persisten e inhabilitan al trabajador, pero la falta de estudios científicos concluyentes sobre la evolución del coronavirus, hace que sea muy difícil contemplar si la enfermdad es capaz de ser causa de una incapacidad definitiva.

Los médicos creen que, en los casos más graves, el coronavirus podría dejar secuelas que afectan desde los pulmones, la zona cero de la infección, hasta el corazón, riñones, hígado, cerebro, e incluso el aparato motor. Aún así, sigue siendo difícil afirmar que estas secuelas sean efectos directos del virus.

Ante la previsión del incremento de este tipo de reclamaciones, existen estadísticas que afirman que solo se concede esta ayuda al 5% de las solicitudes de incapacidad permanente, por lo que los expertos aseguran que será muy difícil acceder a dicha prestación.

¿Cómo demostrar la laboralidad de la enfermedad?

Los accidentes laborales, como su propio nombre indica, son los ocurridos durante la jornada laboral y en el entorno de trabajo. Aunque en un principio la ley ampara la presunción de laboralidad, en el caso del coronavirus, ¿cómo podemos demostrar que nos contagiamos en el trabajo?

En muchos casos será casi imposible demostrarlo, a no ser que se pruebe que el empresario no implementó medidas de seguridad y/ o existan otros casos de contagios dentro del mismo entorno laboral, en estos casos podría demostrarse la laboralidad de la enfermedad, y el empresario en cuestión podría tener que asumir el pago de prestaciones y multas por infringir sus obligaciones durante la crisis sanitaria.

¿Qué sucede con el sector sanitario?

Según los expertos, los sanitarios lo tienen más fácil a la hora de probar el nexo entre enfermedad y trabajo, ya que se encuentran en primera línea de batalla y están expuestos de manera continuada al virus. Para estos colectivos está más que claro que puede ser una enfermedad profesional.

Aun así, los médicos reivindican que se les reconozca esta incapacidad sin necesidad pleitear, pero, aunque existe un listado de enfermedades profesionales para cada profesión, se debe demostrar la exposición al patógeno que las causa.

En el caso de los sanitarios, al ser grupo de riesgo reconocido, es mucho más fácil probar la causalidad del contagio después de atender a un paciente infectado, pero esta obviedad no les exime de tener que presentar pruebas que lo demuestren.

Prestación de incapacidad permanente

 

La ley del Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la incapacidad si el trabajador no ha mejorado aun habiéndose sometido al tratamiento correspondiente, y presenta secuelas anátomicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad pra trabajar..

Dependiendo del grado de las secuelas y de cómo afecten al trabajador, la incapacidad podrá ser parcial, total o absoluta. La diferencia entre las dos últimas es que una incapacidad total, no permite el desarrollo de la profesión que la persona estaba realizando oncretamente, mientras que la incapacidad absoluta impide cualquier actividad laboral. Si, además, la persona necesita la ayuda de terceras personas para realizar ciertas actividades, se trataria de una gran inválidez. Salvo en la parcial, que da lugar a una indemnización, los demás supuestos dan derecho a la prestación de una pensión mensual vitalicia que será revisable en caso de mejora o empeoramiento del trabajador.

El acceso a las prestaciones y su cuantía depende del origen de la enfermedad o lesión. Si la baja es motivada por una contingencia común, de las más leves, el empleado debe tener cotizado un mínimo de tiempo. Si es laboral, se accede sin periodo de carencia, y la cobertura es mayor. Si es por contagio de Covid-19, se cobra una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja, y no se exigen los 180 días de cotizaciones previas.
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